¿ES NECESARIO CAMBIAR DE SISTEMA EN COLOMBIA?

Por Jorge Burgos garcía
15-01-08

Está claro que la vieja controversia entre parlamentarismo y presidencialismo no ha cesado ni parece que cesará en el ámbito de la politología; al menos en apariencia, es una sana polémica que debe proseguir, eso sí, salvaguardada de los intereses particulares de quienes, en calidad de miembros de colectividades políticas (sean cual sean) pretendan hacerse con alguna tajada de león agitando el péndulo hacia uno de sus flancos. Cabe advertir de entrada a los lectores, que mi interés respecto a tan trillado tema, obedece al escuchar en años recientes, de voces en el país que proponen que se reflexione sobre la posibilidad teórica de implantar un régimen parlamentario en Colombia...a mi juicio, bien miradas las cosas, el debate sobre estas formas democráticas en realidad es, -como muchos otros- una abusiva simplificación de las cosas, en este caso concreto, de la organización ideal que debe tener un Estado democrático ya que omite de principio, el contexto histórico-geográfico en el que se hallan inscritos los distintos pueblos del orbe.

Me explico, si en algo América Latina en conjunto contribuyó a la historia del derecho público ha sido el sistema presidencialista, el cual desde luego, es producto de las complejas circunstancias histórico-políticas por las que debieron atravesar nuestros pueblos durante el siglo XIX -quienes preñados desde sus agitadas independencias de inestabilidad política- terminaron siendo víctimas de ese ogro denominado gamonalismo. Y así, por fuerza de los hechos, se fueron configurando gobiernos caracterizados esencialmente por un ejecutivo vigoroso que, en no pocos casos rayó en el autoritarismo, a fin de poner a salvo el incipiente Estado nacional que se veía amenazado por la oleada espeluznante de guerras internas que se fraguaron en aquel entonces.

De otra parte, apenas si es necesario mencionar, que el país paradigma en materia de parlamentarismo es inobjetablemente Inglaterra, tan citada por aquellos que destacan las bondades de este sistema, en donde luego de un largo trayecto histórico que se remonta al siglo XIII con el establecimiento de la célebre Carta magna han logrado sostener sobre la base de partidos políticos sólidos, una gran estructura democrática. A diferencia de ellos, acá en Colombia no ajustamos ni 200 años de vida republicana y por si fuera poco, cargamos con un lastre: la herencia ideológica, ética, económica, política y social que nos legó el regresivo régimen colonial español. Aparte, hay que contar los gruesos errores cometidos por la dirigencia de los partidos tradicionales a lo largo de los 150 años que llevan de existencia, entre ellos resaltan, la siempre recurrente idea de implantar modelos políticos externos, ajenos a nuestras particulares condiciones históricas y esa fanática lucha por el poder que dio luz verde a la largada del conflicto armado interno y más aún, a su propio debilitamiento como fuerzas políticas en el despuntar del siglo XXI.

En cualquier caso, la polémica me parece bizantina, pues la adopción de presidencialismo o parlamentarismo no es la que define la buena marcha de sistema político democrático, no, es en realidad, el adecuado manejo de las distintas situaciones de poder por parte de quienes lo ejercen lo que en últimas, determina la solvencia o no de un Estado democrático moderno. Puesto de otra forma, lo vertebral del asunto estriba en que en todo aquel Estado que se presuma genuinamente democrático se respeten las reglas universales del juego democrático, en que se de un funcionamiento conjunto de las 3 ramas del poder, salvo en lo que respecta a la inexpugnable independencia que deben conservar perennemente los miembros de la rama judicial. (análogamente, es como discutir en educación, de si es mejor calificar a los educandos con números o con letras, o si mejor combinar ambas formas. En verdad, importa poco cual sistema se elija, lo que cuenta en esencia, es que se haga de la evaluación un proceso continuo e integral –esto último tan difícil de entender dada la pervivencia en la mente de muchos docentes y directivos del viejo esquema educativo-, que a cada estudiante en el marco de las distintas asignaturas se le valore todo lo efectuado a lo largo del periodo académico en curso. Aquí como allá en nuestro tema de interés, lo importante es la puesta en marcha, el cómo se da el funcionamiento del andamiaje evaluativo..).

Así pues, soportado en las anteriores consideraciones y tomando la distancia comprensiva necesaria, me permito plantear a manera de propuesta, los principales cambios que en materia política deberían efectuarse en la Colombia de hoy con miras a vigorizar la endeble estructura que nos han heredado los colosos partidos tradicionales tras siglo y medio de haber compartido ininterrumpidamente y de manera fraternal el control absoluto de las instituciones nacionales (salvo en el breve periodo de Rojas Pinilla...aunque al parecer no fue del todo una interrupción, mas bien, un interludio oportuno dadas la anormal situación de orden público...). Sé que esto es un menudo desafío, pero bien vale la pena intentar contribuir a lo que realmente cuenta: cómo hacer que mejore el estado de cosas actual, cómo hacer que el Estado colombiano optimice su funcionamiento, o dicho de mejor manera, cómo hacer que gane en gobernabilidad –entendida como la capacidad de llevar a la práctica los objetivos-.

A manera de síntesis, dada la naturaleza de este escrito, diría que no habría necesidad de implementar ninguna reforma sustancial en nuestro sistema presidencialista; eso si, volvería a separar las carteras de trabajo y salud, esa ocurrencia de haber creado el ministerio de la protección social no ha facilitado las cosas; Un primer reto, necesario de lograr, es lo concerniente al desarrollo de una agresiva política fiscal, que haga disminuir ostensiblemente los aberrantes niveles de evasión y elusión fiscal que señalan las mismas instituciones estatales, puesto que ese importante aumento en el rubro de ingresos es indispensable a fin de acrecentar los recursos destinados a la educación y a la investigación, auténticos pilares del desarrollo, de tal manera que alcancen un peso no inferior al 7% del PIB. En pos del señalado objetivo, deberán adelantarse además, negociaciones con el BID en procura de que le sean otorgados al país más recursos económicos, que se enfilarán al incremento precisamente de nuestro presupuesto en educación; En materia económica y social, además de que siga promoviendo la llegada de inversionistas extranjeros, los cuales deberán garantizar con estimados estadísticos convincentes que generarán una cuota interesante de nuevos puestos de trabajo a mano de obra nacional, propiciaría en la medida de las posibilidades presupuéstales, las condiciones para que en el campo, se de a la par de una clara redistribución de tierras, una verdadera reforma agrícola, ya que como es bien sabido por todos aquellos que tienen un mediano conocimiento del agro, de poco sirve repartirles tierras a las familias campesinas si no se les otorga acceso a recursos tecnológicos que permitan empezar a dar el salto hacia una agricultura intensiva, que además de emplear mucho menos terreno, genera un aumento considerable de la productividad entre otras bondades.

Por otro lado, es apremiante, establecer mecanismos que aseguren la plena independencia de los actores de la rama judicial, pues, bien son conocidas las salpicaciones, entuertos y toda suerte de acusaciones de contubernios, conspiraciones y obstrucciones al trabajo de los jueces que se han tejido alrededor del destape e investigación del tenebroso embrollo de la parapolítica y toda su retícula. Por ello, insto a que la denuncia de o en contra de los jueces de cualquier jerarquía sean convoquen investigaciones rigurosas y esclarecedoras que pongan coto a la ingerencia de miembros de otras ramas del poder público y fuerzas oscuras en los procesos que adelanten los magistrados de la república. O en su defecto, sean puestos al margen del oficio, y con severas penas, aquellos jueces a los que se les compruebe actos de corrupción. Por último, quiero culminar expresando aquellos aspectos que bien merecen continuidad, me enfocaré en 2 de ellos. En primera instancia, la excelente propuesta de celebrar semanalmente consejos comunitarios en los distintos puntos de la geografía nacional, pues a través de esta estrategia, el gobierno nacional tiene oportunidad de comprometerse y a la vez, comprometer aún más, a los alcaldes, gobernadores y demás entes administrativos tanto del nivel nacional como regional y local en la construcción de soluciones que posibiliten un mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados. Y en segunda instancia, mantener en términos generales la política de seguridad democrática en sus puntos esenciales, en cuanto que indiscutiblemente la presencia de la subversión en buena parte del territorio nacional se aminoró. Y en lo que refiere a la lucha contra los grupos guerrilleros es sensata a todas luces, mantener la posición establecida por el actual gobierno, si no muestran con hechos concretos voluntad política, corresponde combatirlos por la vía militar...ya que no dejan mucho margen a la diplomacia...

A manera de conclusión, expresar que definitivamente no es asunto primordial, el establecimiento del parlamentarismo en un país arraigado por fuerza de su contexto histórico y geográfico al esquema presidencialista...en últimas, no se requiere propiciar un terremoto político de esa magnitud, para que pueda reconstruirse y robustecerse las bases de nuestra flagelada Democracia...