¿QUE HAY DETRÁS DE LA EXTRADICIÓN DE LOS JEFES PARAMILITARES?

Por Jorge Burgos García
07-06-08

El primer semestre de 2008 en Colombia ha sido notoriamente convulsionado en materia política para el gobierno: desde aplausos ganados gracias a los durísimos golpes dados a la cúpula de las FARC, pasando a una fría incertidumbre y relativa desazón en la opinión pública por las tenebrosas y comprometedoras declaraciones dadas a la justicia por la exparlamentaria Yidis Medina en la que compromete a conspicuos integrantes del círculo cercano al presidente en actos de clientelismo político del más alto nivel...hasta desembocar en la audaz decisión gubernamental de extraditar –literalmente hablando- de la noche a la mañana a 14 miembros de alto rango de las ¿ex?autodefensas unidas de Colombia que ha generado ambivalentes sentimientos de admiración e interrogación tanto en el mundo académico como en el cotidiano.

Dado el impacto y confusión generado por este último suceso, trataré en los siguientes párrafos de dilucidar si la decisión de extraditar a los altos jerarcas del paramilitarismo fue en verdad la más conveniente. De momento, vale la pena subrayar las razones esbozadas por el presidente, para ello, tomaré como faro de orientación, el análisis efectuado por Semana.com en el artículo ¿por que el gobierno tomó la súbita decisión? al discurso dado por el primer mandatario a la nación el 13 de mayo:

“Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.

La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el Uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas”.

Los argumentos del gobiernos, sin duda fueron muy bien escogidos y sonaron convincentes, sin embargo, ponen sobre el tapete la vieja discusión acerca de la real utilidad que tiene el mecanismo de la extradición; polémica que muy bien describe la investigadora de la Universidad nacional Diana Rojas en su artículo 25 años de la extradición en Colombia: ”para sus defensores, ella aparece como un paliativo a la debilidad de la justicia colombiana y en general del Estado, el cual, ante el ascenso de los carteles de la droga y la práctica generalizada de intimidación y de soborno a las autoridades, se había vuelto impotente para aplicar la sanción judicial.

Entre sus detractores se encuentran aquellos que, basados en la defensa de la soberanía nacional, reclaman en su lugar el fortalecimiento del sistema judicial colombiano... Con la administración Uribe, la extradición vuelve a estar en el centro, ya no solo en la estrategia antinarcóticos sino ahora en la conjunción entre conflicto armado interno, drogas y terrorismo. Desde el inicio de su mandato, el presidente Uribe manifestó su voluntad de agilizar la extradición y convertirla en una de las bases de su política criminal así como en una muestra del firme compromiso de su gobierno con la lucha antinarcóticos”.

Justamente mi tesis, en medio de este clima de polarización que suscita esta nueva decisión del ejecutivo, se inclina en favor de los que consideran que la extradición deja entrever una vez más que hay escasa voluntad institucional por robustecer nuestro sistema judicial, pues, si los susodichos jefes paramilitares continuaron delinquiendo desde las penitenciarías de máxima seguridad, debieron pasar a ser procesados por la justicia ordinaria y no a ser extraditados a Estados Unidos donde serán juzgados exclusivamente crímenes asociados al narcotráfico. De hecho, El Presidente no debería ser quien determine si alguien cometió un delito. Bien lo refiere el artículo Y la parapolítica del mismo 13 de mayo por Semana.com:
“la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho”.

A propósito de este terreno gris indefinido en el que se mueve el presidente a partir del derecho que le otorga el decreto 1364, es pertinente la opinión de un experto en la materia, el prestigioso jurista Eduardo Cifuentes, expresidente de la corte constitucional, quien en un artículo titulado Pasando la raya publicado por revista Cambio el 15 de mayo manifiesta:
“El Presidente es director de las relaciones internacionales, pero no es juez interno... La extradición potenciaría la esfera del poder presidencial a expensas de la judicial.

Esta tesis no es aceptable. Si un sindicado, privado de la libertad, delinque, su conducta debe ser investigada y sancionada por los jueces. El nuevo delito requiere de investigación y sentencia. El Presidente no puede dictaminar por sí y ante sí que alguien cometió un delito. No hay nada más contradictorio que contribuir a que en otro país se reduzca la impunidad y propiciar que en el propio ella aumente. Si los jefes paramilitares continuaban delinquiendo, la Ley de Justicia y Paz imponía la pérdida de los beneficios y, por consiguiente, resultaba obligatorio su traslado a la justicia ordinaria... Debilitar la investigación de los delitos de lesa humanidad y la protección de las víctimas constituye la máxima afrenta a la dignidad de las víctimas y comporta un quebrantamiento del orden público tanto internacional como interno”.

La otra parte del asunto necesaria de escudriñar es, que motivó en realidad al presidente a tomar esta súbita decisión en la actual coyuntura, pues si bien estaba contemplado dentro de los acuerdos del proceso la posibilidad de que fueran extraditados en caso de que continuaran delinquiendo desde las cárceles y no colaboraran lo suficiente con la reparación de las víctimas entre otras cosas, resulta curioso recordarles que esas reprochables conductas delictivas de los jefes paramilitares ya eran de conocimiento público desde al menos hace un año. ¿Por qué no se tomó la decisión antes?...Al respecto, viene como anillo al dedo, conocer los interrogantes que se plantea – y que desde luego nos hacemos los que no tragamos entero- el abogado y consultor internacional Germán Vallejo en su artículo Reflexiones sobre la extradición de los jefes paras publicado el 19 de mayo por revista Cambio:

No obstante, hay que preguntarse de manera serena a qué le estará apuntando el Presidente (no el Gobierno) con la extradición de los capos sometidos a la Ley de Justicia y Paz.

1. ¿Tal vez a deshacerse de unas papas calientes que ni siquiera en cárceles de alta seguridad, ni en naves en alta mar, pudo controlar para que dejaran de delinquir?

2. ¿Quizás a alejar del convulsionado panorama nacional personas que con sus declaraciones podrían comprometer aún más a miembros de la clase política en general o del propio Gobierno en particular?

3. ¿De pronto a continuar en su tarea de congraciarse con los Estados Unidos para buscar respaldo en la crisis regional con Ecuador y Venezuela que, seguramente, se agudizará después de que el jueves se revele de manera oficial el informe sobre el computador de Raúl Reyes?

4. ¿Será una forma heterodoxa de impulsar el TLC en el Congreso americano?

...Si se trataba de castigar el desacato a la Ley de Justicia y Paz por parte de los comandantes paramilitares, lo lógico hubiera sido promover ante las autoridades judiciales la aplicación de la disposición de la mencionada ley, según la cual quien haya seguido delinquiendo después de acogerse a ésta pierde los beneficios de la misma y se ve sometido a la ley ordinaria. Habríamos recibido el mensaje de que a través de nuestras instituciones somos capaces de resolver nuestros problemas y exorcizar los fantasmas colectivos que durante tantos años nos han atormentado”.

En resumidas cuentas, soy de los que considera que los 4 interrogantes de Vallejo tiene respuesta afirmativa, en últimas detrás de la extradición de los cabecillas paramilitares lo que hay es una estrategia multidimensional -propia del estilo presidencial de Uribe-, a través de la cual pretende encarar varios frentes críticos que van: desde transferir el juzgamiento de la cúspide paramilitar a nuestro gran aliado del norte, hasta la de dar la imagen en la comunidad internacional de que la relación paramilitarismo-Estado en Colombia tiene más de ficción que realidad, lo cual podría contribuir a aliviar las tensiones que tienen en la “nevera” al TLC con Estados Unidos...ah...y por supuesto, asegurarse gracias a esta nueva e intrépida jugada político-jurídica, nuevos puntos en las encuestas de popularidad...con 2 enormes costos, de una parte, deja en coma las posibilidades de que el futuro cercano las víctimas conozcan la verdad y puedan ser “reparadas”; de otra parte, queda una vez más en evidencia, que poco interesa robustecer nuestro aparato jurídico. Como diría, de modo esperanzador María Elvira Samper: Queda, sin embargo, la carta de la Corte Penal Internacional porque es evidente que Colombia se ha mostrado incapaz de hacer Justicia en este caso. En eso, estamos de acuerdo.